Políticos que saben que la Secretaría de Inteligencia (-SI- o ex Secretaría de Inteligencia del Estado -SIDE-) lleva adelante prácticas clandestinas e inconstitucionales y miran para otro lado. Dirigentes que callan porque tienen miedo o porque creen que ese estado de cosas puede llegar a beneficiarlos. Legisladores que se niegan a aplicar los controles legales. Gastos reservados o clasificados que en el pasado han “comprado” a jueces, fiscales y periodistas. Información obtenida de cualquier manera y para cualquier fin. Escándalos con perfil mafioso cuya divulgación no ha logrado revertir una estructura “anclada” en el paradigma estatal de la dictadura.

Estas y otras “pistas” forman parte de “El (des) control democrático de los organismos de inteligencia en Argentina”, informe que la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) publicó este martes. Según la ONG fundada en 1995, el documento de 50 páginas estaba en proceso de elaboración cuando ocurrió el fallecimiento del fiscal federal Alberto Nisman, suceso que ha acarreado una crítica inédita al accionar de los servicios de inteligencia en general y del ex agente Jaime Stiusso en particular. Dicha coincidencia incrementa la sensación de crisis y los peligros planteados por la ADC: “la muerte del fiscal Nisman producida el 18 de enero de 2015 es un hecho de gravedad institucional que merece no sólo ser investigado sino colocado en el contexto de las prácticas de los servicios de inteligencia que este informe quiso destacar”.

Aquí tiene su carpeta

Los servicios de inteligencia conservaron las premisas autoritarias en parte porque los presidentes que gobernaron el país desde 1983 creyeron que los podían controlar y utilizar en beneficio propio. La ADC expresa que esa tendencia ha tenido cabida tanto en los períodos justicialistas como radicales: “los dos principales partidos políticos tienen intereses en el mantenimiento de las prácticas actuales”.

De modo que las falencias de la ex SIDE no son novedosas. “Los organismos de inteligencia gozan de una inaceptable autonomía, y continúan siendo un actor de peso en el sistema político gracias a leyes ineficientes y a un amplio arco dirigencial dispuesto a mirar hacia otro lado”, indica el estudio. La capacidad para actuar por cuenta propia y sin fiscalización abonó la idea de que su función consiste en satisfacer los deseos del presidente: “a la vez, los servicios son capaces de manejar una agenda propia que constituye una verdadera amenaza para la democracia y los derechos de los ciudadanos”.

El estudio manifiesta que la autonomía e independencia de la SI se pone de manifiesto por la tradicional entrega de “carpetas” a los jefes de Estado recién llegados a sus cargos. La ADC precisa esa práctica a partir del relato de un testigo: “desde la primera presidencia de Carlos Menem, cada vez que asumía un Presidente o un nuevo jefe de la SIDE, el funcionario tenía derecho a conocer lo que ‘La Casa’ sabía de ellos. Y La Casa obedecía. Era un gesto de lealtad, pero también una advertencia: ‘si fuiste observado una vez, podés volver a serlo’. Es más: con seguridad vas a volver a serlo. Desde diciembre de 2001, Jaime (Stiusso o Stiuso) era el encargado de custodiar y administrar esas carpetas”.

La complicidad de la Casa Rosada ha permitido el desarrollo de un ámbito estatal con límites imprecisos e irregulares regido por la oscuridad y el secretismo. La ADC expone que los datos disponibles sobre la SI son mínimos e irrelevantes: “no sólo hay falta de información sobre los organismos de inteligencia sino que esa carencia se combina con el miedo, que perpetúa la falta de información. De nuestro trabajo en distintas partes del mundo surge, claramente, que o los políticos no saben nada de inteligencia o, si lo saben, simplemente no quieren lidiar con ello”.

La regulación de los cuerpos de inteligencia existe, pero su aplicación es deficiente. El emblema del fracaso es la célebre Comisión Bicameral existente en el Congreso de la Nación, que ni siquiera informa cuándo se reúne y cuyo presupuesto no ha cesado de aumentar pese a sus pobres niveles de productividad. La organización de la sociedad civil con sede en la Ciudad de Buenos Aires precisa que la Comisión Bicameral está facultada expresamente para verificar el accionar de la Dirección de Observaciones Judiciales, dependencia de la SI encargada de realizar las interceptaciones telefónicas. “Pero ello nunca ha ocurrido: cuando la diputada Patricia Bullrich (PRO), integrante del comité, intentó conocer detalles sobre el accionar de los organismos de inteligencia, recibió como respuesta que esa información era clasificada. Además y como consecuencia de la denuncia de un ciudadano sin aparente vinculación con los servicios de inteligencia, se le inició una causa penal en su contra”, expresa la ADC, que junto con otras ONG interpuso una acción de amparo para acceder a la información que maneja la Comisión.

La SI es necesaria para establecer la política exterior y criminal. “También para prevenir y combatir amenazas internas como, por ejemplo, el narcotráfico, que en los últimos años parece haberse expandido sin control”, recuerda el estudio. Se impone recuperar el norte que los servicios de inteligencia han perdido: “los desplazamientos internos en la SI y los hechos en torno a la causa AMIA –donde la SI estuvo involucrada desde el primer momento para encubrir más que para esclarecer el atentado– presentan una oportunidad única para que la democracia argentina actúe sobre el sistema de inteligencia, un cuerpo autónomo de agentes estatales y paraestatales que trabaja en las sombras, maneja millones en fondos reservados, y espía a políticos, empresarios, funcionarios públicos”.

EL DOCUMENTO COMPLETO

La investigación sobre la política de inteligencia está disponible en adc.org.ar/areas/privacidad